Una doctrina centrada en las tecnologías críticas
Publicada el 24 de septiembre por la Dirección General de Empresas (DGE), la doctrina francesa de seguridad económica oficializa la respuesta del Estado a los riesgos relacionados con los actores económicos extranjeros. Su objetivo es proteger los activos considerados esenciales para la seguridad nacional, así como aquellos que contribuyen a la capacidad de innovación y a la competitividad de Francia.
La doctrina insiste especialmente en la necesidad de mantener el control sobre las tecnologías críticas. Entre los sectores mencionados explícitamente figuran la ciberseguridad, la inteligencia artificial, las industrias sanitarias y determinados segmentos de los sectores agrícola y agroalimentario.
La doctrina también pretende prestar mayor atención a las empresas emergentes (startups) que puedan llegar a ser estratégicas, así como a las cadenas de subcontratación tecnológica. El Ministerio señala, además, que las amenazas a las que están expuestas las empresas son cada vez más diversas.
En este sentido, distingue varios tipos de amenazas: los intereses relacionados con el capital, que pueden materializarse mediante adquisiciones o participaciones accionariales; la apropiación del patrimonio científico e informativo, incluidas las ciberataques; y los fenómenos de desestabilización.
El balance de 2025
Esta doctrina se presenta en un contexto en el que el control de las inversiones extranjeras sigue siendo una herramienta importante de la política de seguridad económica. En su informe anual correspondiente al ejercicio de 2025, la Dirección General del Tesoro hace balance del sistema de control de las inversiones extranjeras en Francia (IEF).
El documento analiza el control de las inversiones que podrían afectar al orden público, la seguridad pública o los intereses de la defensa nacional.
En total, en 2025 se presentaron 418 expedientes ante el Tesoro, frente a los 392 registrados en 2024. Esta cifra engloba varios tipos de procedimientos: solicitudes de autorización, solicitudes de examen previo y notificaciones relacionadas con la superación del umbral del 10 % de participación en una empresa cotizada.
De las 323 decisiones adoptadas tras las solicitudes de autorización, 167 operaciones se consideraron efectivamente sujetas al control. Cerca de la mitad de las autorizaciones concedidas estuvieron acompañadas de condiciones destinadas a gestionar los riesgos a largo plazo.
La I+D bajo vigilancia
El balance de 2025 también pone de manifiesto el peso de las actividades tecnológicas dentro de este mecanismo. Las operaciones pertenecientes a la categoría IEF, que incluye, entre otras, las inversiones en investigación y desarrollo (I+D) relacionadas con tecnologías críticas, representan el 11 % de las actividades controladas. Por su parte, las actividades mixtas suponen el 29 %.
Las infraestructuras, los bienes y los servicios esenciales constituyen la principal categoría, con un 38 % de las operaciones. En ella se incluyen, entre otros, determinados tipos de infraestructuras digitales y de telecomunicaciones.
El principio sigue siendo el de un examen caso por caso. El Estado puede autorizar una operación sin condiciones, imponer medidas de protección relacionadas, en particular, con la gobernanza, la continuidad de la actividad o la protección de los conocimientos técnicos. Cuando los riesgos no pueden controlarse de manera suficiente, la inversión también puede ser rechazada. Durante los últimos cuatro años, siete operaciones han sido objeto de una denegación formal.
El mensaje de ambos documentos es, por tanto, doble: Francia sigue abierta a los capitales y las asociaciones extranjeras, pero el acceso a las empresas, las infraestructuras y las tecnologías consideradas estratégicas está sujeto a un control cada vez más riguroso.
El aumento del número de expedientes presentados en 2025 no implica, por sí solo, un endurecimiento general del sistema. La proporción de expedientes que quedan fuera del ámbito de aplicación del mecanismo, que se sitúa en el 48 %, se mantiene estable con respecto al año anterior.
La evolución descrita por Bercy apunta, más bien, a una mayor vigilancia en torno a los activos y las tecnologías estratégicas.
Roberto Méndez
Corresponsal Económico y Tecnología
Especialista en economía política europea, soberanía tecnológica industrial y análisis de fondos soberanos en la zona euro. Colaborador habitual en medios internacionales.
