Presentada el 13 de noviembre ante un tribunal federal de San José, California, la demanda está encabezada, entre otros, por el fondo de pensiones City of Southfield Fire and Police Retirement System. La acción judicial se dirige contra Intel, su consejero delegado, Lip-Bu Tan, y su director financiero, David Zinsner. Los demandantes acusan al grupo de haber tardado en informar al mercado sobre el deterioro de la demanda de ordenadores personales y la acumulación de existencias, a pesar de las perspectivas de crecimiento vinculadas a la inteligencia artificial.
Una caída del 28,6 %
El 30 de octubre, las acciones de Intel se desplomaron un 28,6 % tras la publicación de unas previsiones trimestrales inferiores a las expectativas de Wall Street. Para el cuarto trimestre de 2026, el fabricante anticipaba unos ingresos de entre 15.000 y 16.000 millones de dólares. David Zinsner también advirtió de que la desaceleración del mercado de PC probablemente se prolongaría al menos hasta el primer semestre de 2027.
Sin embargo, los resultados del tercer trimestre habían sido sólidos. Intel registró unos ingresos de 16.500 millones de dólares, un 21 % más que en el mismo periodo del año anterior. Según David Zinsner, los ingresos, el margen bruto y el beneficio por acción superaron las previsiones, mientras que la actividad de centros de datos experimentó su mayor crecimiento en 15 años. Por tanto, fueron las perspectivas para el trimestre siguiente, y no los resultados publicados, las que provocaron la reacción de los mercados.
La corrección bursátil provocó una pérdida de aproximadamente 140.000 millones de dólares en capitalización. La demanda también hace referencia a una ampliación de capital de 23.000 millones de dólares realizada en agosto, a un precio de 95 dólares por acción. Los demandantes consideran que Intel ya conocía las dificultades que podían comprometer sus perspectivas. El procedimiento afecta a los inversores que compraron acciones entre el 23 de julio y el 29 de octubre de 2026, ambas fechas inclusive.
La escasez de memoria
Más allá del litigio, este caso se produce en un contexto complicado para la industria informática. Durante la presentación de resultados, Lip-Bu Tan mencionó, entre otros factores, las limitaciones de fabricación y una escasez de memoria sin precedentes, que contribuyen a debilitar la demanda de ordenadores personales.
El encarecimiento de los componentes de memoria eleva el precio de los PC y podría frenar tanto las compras de los consumidores como la renovación de los equipos informáticos de las empresas. Al mismo tiempo, las enormes inversiones en infraestructuras de inteligencia artificial aumentan la presión sobre determinadas capacidades de producción de semiconductores.
Intel, bajo presión
Para Intel, el desafío consiste en recuperar su actividad tradicional y, al mismo tiempo, desarrollar sus capacidades de fabricación para clientes externos. El grupo también debe hacer frente a los elevados costes de su transformación industrial y a una competencia cada vez mayor en el mercado de los procesadores.
A pesar de la reciente corrección, las acciones de Intel todavía acumulaban una subida del 62 % desde principios de año a fecha de 13 de noviembre, cuando cotizaban a 59,66 dólares. Este caso ilustra las dificultades de los fabricantes tradicionales para aprovechar plenamente el auge de la inteligencia artificial mientras el mercado de los PC sigue bajo presión.
Por el momento, las acusaciones de los accionistas no han sido probadas ante la justicia y todavía no se ha certificado ningún grupo de demandantes. La indemnización reclamada tampoco se ha especificado. Intel no había respondido de inmediato a las solicitudes de comentarios de Reuters el 15 de noviembre.

Roberto Méndez
Corresponsal Económico y Tecnología
Especialista en economía política europea, soberanía tecnológica industrial y análisis de fondos soberanos en la zona euro. Colaborador habitual en medios internacionales.

